Antes de comenzar a escribir
sobre el desafío de la protección financiera,
es importante explicar brevemente cómo está configurado el sistema de
salud de México para las personas que no estén familiarizadas con el tema.
México cuenta con un sistema de salud segmentado en dos grandes sectores: el
sector público y el sector privado (habrá personas más puristas que consideren
un tercer sector: el social o asistencial, pero yo prefiero incluir a estas
instituciones en las dos primeras dependiendo del caso).
A su vez, el sector público se
encuentra fragmentado en tres instituciones principalmente: el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) para trabajadores asalariados de empresas
privadas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado (ISSSTE) para empleados de la función pública y el Seguro Popular para
trabajadores no asalariados o desempleados; cada una de estas instituciones
cuentan con mecanismos de financiamiento diferentes y esta segmentación
artificial de la población se ha convertido en el origen y principal fuente de
inequidad en salud.
Es importante señalar que la
participación del Estado mexicano en asuntos de salud se limitaba a algunas simples
actividades de salud pública y de beneficencia, a principios del siglo XX, a
través de una dirección de la Secretaría de Gobernación y no fue sino hasta
1943 cuando se creó la Secretaría de Salubridad y Asistencia al igual que el
IMSS. El ISSSTE fue creado hasta 1960 y el Seguro Popular en 2003. Ahora,
algunos de podrán estarse preguntando qué tiene que ver el año de creación de
estas instituciones con la protección financiera en salud y es que cuando estas
instituciones se diseñaron y comenzaron a operar, México tenía un perfil
demográfico, económico y epidemiológico muy diferente al actual; por lo que
ahora esa lógica y configuración del financiamiento de la salud ya no es viable
para México.
Teniendo en cuenta esta
situación, la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud) se dio a la tarea de
investigar, analizar y proponer su visión de cómo debería ser el sistema de
salud mexicano; son bajo estas publicaciones en las que me estoy basando para
publicar esta entrada. Para alcanzar lo que podemos considerar una verdadera
protección financiera universal para la salud, de acuerdo a la visión de
Funsalud, es necesario integrar horizontalmente en un solo Seguro Universal en
Salud (SUSalud) a las tres principales instituciones públicas en materia de
salud.
Este SUSalud consistiría en un
fondo único de aseguramiento, algo muy similar al Fondo Nacional de Salud
(FONASA) existente en Chile, que diversifica los riesgos de una manera más
eficiente pero que requieren de una serie de reformas y cambios en los ámbitos:
fiscal, laboral, presupuestal, sindical, entre otras; siendo quizá el más
llamativo, la necesidad de crear una serie de impuestos generales, otro
impuesto proveniente de productos considerados de alto riesgo para la salud
como el alcohol y el tabaco; y un tercer impuesto al ingreso lo que podría
eliminar las cuotas obrero patronales para los servicios de salud. Obviamente,
estos cambios se encontrarán con una serie de obstáculos por parte de los
diferentes involucrados en el sector para que logren concretarse; pero una vez
más, Chile nos ha puesto el ejemplo de cómo pueden alcanzarse estas reformas
con el Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas (AUGE) que
posteriormente se convertiría en Garantías Explícitas de Salud (GES) que les
permitió generar los recursos necesarios para garantizar la universalidad de un
conjunto de servicios de salud.
Otros de los cambios necesarios
para garantizar la protección financiera universal en salud implican
necesariamente en separar primero los servicios de salud del financiamiento para
eliminar la fragmentación de los servicios y por lo tanto, se evitaría la
duplicación de la infraestructura. También, es necesario separar el
financiamiento de los servicios de salud de los otros servicios de seguridad
social ya que la configuración y lógica de financiamiento de la atención médica
no es la misma que para las pensiones por ejemplo. Como complemento a estas
medidas será necesaria la creación de un fondo especial que proteja a las
familias de gastos empobrecedores y catastróficos partiendo de una base ya
existente creada por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del
Seguro Popular.
Como medidas complementarias a estas
reformas, podemos mencionar la necesidad de impulsar las llamadas Participación
Público-Privada (PPP) crean demostrado en ser un modelo exitoso pues permiten
la construcción de infraestructura complementaria donde el gobierno e iniciativa
privada comparten el riesgo de la inversión y por lo tanto logran una mejor
articulación. Finalmente, es fundamental que el gobierno en colaboración con la
iniciativa privada y social se coordinen para llevar a cabo una evaluación y
priorización de las necesidades y retos del sector salud para que los recursos
se empleen de la manera más eficiente posible considerando que el perfil
económico, demográfico y epidemiológico del país ahora es diferente al de hace
20 años y será aún más diferente en los próximos años.
Para concluir esta publicación me
gustaría parafrasear al maestro Enrique Ruelas al decir que México mas que
necesitar o requerir políticas públicas en salud, necesitamos políticas
saludables intersectoriales que realmente detonen el desarrollo integral de nuestro país.

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